Congreso aprueba reforma para castigar el "halconeo" en Baja California
Hasta ocho años de prisión y multas para quienes usen videovigilancia con fines delictivos
MEXICALI.- Para fortalecer la seguridad pública y frenar la práctica conocida como “halconeo”, el Congreso de Baja California aprobó una reforma al Código Penal del Estado que establece sanciones de hasta ocho años de prisión, multas y reparación del daño para quienes realicen labores de vigilancia o recopilación de información sobre instituciones de seguridad con fines delictivos.
La reforma al artículo 317 TER fue presentada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda e integrada con la propuesta del diputado Jorge Ramos Hernández.
Ambas iniciativas fueron dictaminadas favorablemente por la Comisión de Justicia a través del Dictamen No. 10.
Con la nueva legislación se castigará la instalación o interferencia de sistemas de videovigilancia en la vía pública o en inmuebles destinados a servicios públicos sin autorización legal, cuando tengan como objetivo facilitar delitos o entorpecer funciones institucionales. Las penas oscilarán entre tres y ocho años de cárcel, con agravantes que podrían aumentar la sanción hasta en una mitad en casos como el uso de menores de edad, la participación de servidores públicos o el empleo de vehículos que aparenten ser oficiales.
Asimismo, se sancionará la posesión de equipos para interferir comunicaciones oficiales. No obstante, la reforma aclara que no se considerará delito la instalación de cámaras en domicilios, negocios o industrias, siempre que se ubiquen dentro de los límites de propiedad y no interfieran con sistemas públicos, garantizando así el respeto a la privacidad y a los derechos humanos.
Una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado, la reforma entrará en vigor como parte de las acciones para reforzar el marco legal en materia de seguridad en Baja California.
